Preguntas frecuentes

En la primera consulta escuchamos su caso, revisamos la documentacion que tenga y le explicamos las opciones reales, los plazos que le afectan y que documentacion haria falta. Si el asunto no tiene recorrido, se lo diremos: es preferible a iniciar un procedimiento que no va a llegar a ninguna parte.

Depende del tipo de asunto, de su complejidad y de si se resuelve extrajudicialmente o en via judicial. Lo que si le podemos garantizar es que conocera el coste antes de asumir ningun compromiso: primero analizamos el caso y despues le proponemos el sistema de honorarios que corresponda.

Si. Atendemos de forma presencial y tambien por telefono y videoconferencia, lo que resulta especialmente comodo para consultas de seguimiento o cuando el cliente reside fuera. La documentacion puede remitirse por medios electronicos.

Trabajamos principalmente en el Corredor del Henares, Guadalajara y Madrid, que es donde se concentra nuestra actividad. Muchos procedimientos pueden dirigirse desde el despacho con independencia del juzgado competente, de modo que la distancia no siempre es un obstaculo. Consultenos su caso concreto.

Si. Todo lo que nos comunique esta amparado por el secreto profesional del abogado, que es una obligacion deontologica y legal. Ese deber existe desde la primera consulta, con independencia de que despues nos encargue o no el asunto.

El derecho a la asistencia juridica gratuita se reconoce a quienes acreditan carecer de recursos suficientes conforme a los umbrales que fija la ley, y se solicita ante el colegio de abogados o el organismo competente. Si su situacion puede encajar, le orientaremos sobre el procedimiento de solicitud.

Depende del tipo de procedimiento, del juzgado y de la carga de trabajo del partido judicial. Desconfie de quien le de una fecha cerrada al inicio. Lo que si podemos hacer es explicarle las fases, cuales dependen de nuestra actuacion y cuales del juzgado, y mantenerle informado de la evolucion.

Toda la que tenga relacion con el asunto, aunque le parezca poco relevante: contratos, facturas, correos, mensajes, notificaciones recibidas y resoluciones. En los asuntos con plazos (notificaciones administrativas, citaciones judiciales, resoluciones de extranjeria), lo mas importante es el documento donde consta la fecha de notificacion.

Las acciones personales que no tienen senalado un plazo especial prescriben, con caracter general, a los cinco anos desde que pudo exigirse el cumplimiento, pero existen numerosos plazos especificos mas cortos: en materia de responsabilidad extracontractual, de saneamiento por vicios ocultos o de impugnacion de determinados acuerdos. Es lo primero que conviene comprobar.

Bastante. Un requerimiento fehaciente acredita que se reclamo, en que fecha y con que contenido, interrumpe la prescripcion de la accion y, en muchos casos, resuelve el asunto sin necesidad de acudir al juzgado. Ademas, deja constancia de una actitud diligente que despues se valora.

Depende del tipo de deuda. Las acciones personales que no tienen un plazo especial prescriben, con caracter general, a los cinco anos desde que pudo exigirse el cumplimiento, aunque existen plazos distintos para determinadas relaciones. La buena noticia es que un requerimiento fehaciente de pago interrumpe la prescripcion y reinicia el computo. Si teme que su deuda pueda estar cerca del limite, conviene revisarla cuanto antes.

La peticion inicial del monitorio puede presentarse sin abogado ni procurador. Ahora bien, si el deudor se opone, el asunto continua por el procedimiento declarativo que corresponda, donde si suele ser necesaria la intervencion de abogado y procurador. Por eso conviene plantear la reclamacion desde el principio pensando en esa posible oposicion.

Si. Un contrato escrito facilita mucho la prueba, pero no es imprescindible: facturas aceptadas, albaranes, transferencias, correos, mensajes o incluso testigos pueden acreditar la existencia y el importe de la deuda. Lo que hacemos en la primera revision es precisamente valorar la fuerza probatoria de lo que usted tiene.

La sentencia sigue siendo valida y ejecutable durante anos, de modo que puede cobrarse cuando el deudor mejore su situacion. Aun asi, se lo advertiremos antes de iniciar el procedimiento: si hoy no hay nada que embargar, es preferible que lo sepa para decidir con criterio si reclamar ahora o preparar la reclamacion para mas adelante.

Si. Junto al principal pueden reclamarse los intereses que correspondan (los pactados, los legales o, entre empresas, los previstos en la normativa de morosidad) y, si la sentencia impone las costas a la parte contraria, tambien los gastos del procedimiento dentro de los limites que fije el juzgado.

Depende del tipo de arras. En las arras penitenciales, el comprador que desiste pierde la cantidad entregada, y no se le puede exigir nada mas. En las arras confirmatorias, en cambio, el vendedor puede exigir que la compraventa se complete o reclamar los danos sufridos. Por eso lo primero que revisamos es como esta redactado el contrato.

En las arras penitenciales, el vendedor que desiste debe devolver la cantidad recibida por duplicado. Si se niega, esa devolucion se reclama judicialmente. Si las arras eran confirmatorias, el comprador puede optar entre exigir el cumplimiento de la compraventa o resolver el contrato reclamando los danos.

Solo si el contrato no lo previo. Una clausula de condicion suspensiva bien redactada permite recuperar la senal cuando la financiacion se deniega, normalmente exigiendo que el comprador acredite haber solicitado el prestamo en un numero minimo de entidades y dentro de un plazo. Es la clausula que mas disgustos evita y la que mas veces falta.

No hay un importe fijado por ley: se pacta libremente. En la practica es habitual entregar un porcentaje del precio, y ese importe marca tambien el riesgo que asume cada parte, porque es lo que se pierde o se devuelve duplicado. Conviene fijarlo pensando en ese escenario, no solo en reservar la vivienda.

No. Puede irse directamente a notaria. Las arras se utilizan porque entre el acuerdo y la firma suelen pasar semanas o meses, y las partes quieren asegurar la operacion mientras tanto. Si ese plazo va a ser muy corto, a veces es preferible ahorrarse el contrato intermedio.

Aunque se firme por un plazo menor, el arrendamiento de vivienda habitual se prorroga obligatoriamente a voluntad del inquilino hasta alcanzar la duracion minima que fija la ley, que es mayor cuando el arrendador es persona juridica. Despues existe una prorroga tacita adicional si ninguna de las partes preavisa. Es una de las materias que mas ha cambiado en los ultimos anos, asi que conviene revisar que version resulta aplicable a su contrato.

La fianza legal en arrendamiento de vivienda es de una mensualidad, y de dos en los arrendamientos para uso distinto. Cuestion aparte son las garantias adicionales (aval, deposito complementario o seguro de impago), que si pueden pactarse, aunque en vivienda habitual la ley limita su cuantia. Si le piden importes muy superiores, merece la pena revisarlo.

Como regla general, el arrendador asume las reparaciones necesarias para conservar la vivienda en condiciones de uso, y el arrendatario, las pequenas reparaciones derivadas del desgaste ordinario. Los danos causados por un mal uso corren a cargo de quien los produce. Un inventario inicial con fotografias es lo que permite demostrar despues que es desgaste y que es dano.

Solo si la actualizacion esta pactada expresamente en el contrato, y con el limite y el indice que la normativa permita en cada momento. Sin pacto de actualizacion, la renta se mantiene durante la vigencia. Fuera de la actualizacion pactada, cualquier subida requiere el acuerdo de ambas partes.

La inscripcion en el Registro de la Propiedad es voluntaria, aunque refuerza la posicion del arrendatario frente a terceros. El deposito de la fianza en el organismo autonomico competente si es obligatorio para el arrendador, y su omision puede acarrear sanciones.

Depende del juzgado, de la carga de trabajo del partido judicial y de si el arrendatario se opone o no. No es honesto dar un plazo cerrado: lo que si podemos es decirle, en su caso concreto, que fases hay, cuales dependen de nosotros y cuales del juzgado, y evitar los errores que anaden meses innecesarios.

Es la posibilidad que tiene el arrendatario de dejar sin efecto el desahucio pagando o consignando lo que debe. La ley la limita: con caracter general solo puede usarse una vez, y no procede si el arrendador requirio previamente de pago en la forma y con la antelacion legalmente exigidas y el arrendatario no atendio el requerimiento. Por eso el requerimiento previo se prepara con cuidado.

Si. La ley permite acumular a la accion de desahucio la reclamacion de las rentas y cantidades asimiladas que se adeuden, incluidas las que se vayan devengando hasta la entrega efectiva del inmueble. Es lo habitual y evita tener que iniciar despues un segundo procedimiento.

Entonces no estamos ante un desahucio arrendaticio, sino ante otras vias: la reclamacion frente a quien posee por mera tolerancia, el procedimiento especial de recuperacion de la posesion o, en determinados supuestos, la via penal. Elegir mal el procedimiento es la principal causa de retraso en estos casos, asi que lo primero es calificar bien la situacion.

Lo primero, no dejar pasar el plazo de la citacion: en estos procedimientos los plazos son cortos y la incomparecencia tiene consecuencias inmediatas. Segun el caso puede caber el pago o consignacion para enervar, la oposicion por haber cumplido, la discusion del importe reclamado o la denuncia de defectos en el requerimiento. Revisamos la demanda y le decimos que margen real tiene.

Un defecto que ya existia en el momento de la compra, que hace la vivienda impropia para su uso o disminuye su valor de forma relevante, y que el comprador no podia apreciar con una revision razonable. Si el defecto era visible, o si el comprador es un profesional que debia advertirlo, la reclamacion se debilita.

Depende del regimen. El saneamiento por vicios ocultos frente al vendedor tiene un plazo muy breve desde la entrega de la vivienda. En obra nueva, el regimen de la edificacion establece garantias escalonadas segun el tipo de defecto, con un plazo adicional para reclamar desde que el dano se manifiesta. Y si hubo ocultacion deliberada, pueden abrirse otras vias. Es la primera cuestion que revisamos, porque condiciona todo lo demas.

En segunda mano, normalmente al vendedor. En obra nueva, el promotor responde en todo caso frente al comprador, y junto a el pueden responder constructor y tecnicos segun el origen del defecto. Cuando el origen no esta claro, lo habitual es dirigir la reclamacion frente a todos los posibles responsables para que sea el procedimiento el que determine a quien corresponde.

En la practica, si. El informe pericial es lo que acredita que el defecto existe, cual es su origen, que no era apreciable y cuanto cuesta repararlo. Sin el, la reclamacion queda en una discusion de opiniones. Le orientamos sobre el tipo de tecnico adecuado antes de encargar nada.

Es posible cuando el defecto es de tal entidad que la vivienda resulta inservible para su finalidad, pero es la opcion mas exigente en cuanto a prueba. Lo mas frecuente es reclamar la reparacion o una rebaja del precio equivalente al coste de arreglarlo. Valoramos con usted que pretension tiene mas recorrido en su caso.

Los plazos tributarios son cortos y se cuentan desde la notificacion, con duraciones distintas segun se trate de alegaciones, recurso de reposicion o reclamacion economico-administrativa. Guardar el justificante de notificacion es esencial: es el documento que fija el dia inicial del computo.

El derecho de la Administracion a determinar la deuda mediante liquidacion y a exigir su pago prescribe en el plazo que fija la Ley General Tributaria, que se interrumpe con cualquier actuacion con conocimiento formal del obligado. En la practica, cada requerimiento reinicia el computo, por lo que conviene revisar el historial completo del expediente.

Los plazos en materia tributaria son cortos y se cuentan desde la notificacion. Tanto el recurso de reposicion como la reclamacion economico-administrativa deben interponerse dentro del plazo legalmente previsto, y perderlo convierte la sancion en firme. Es lo primero que comprobamos cuando nos llega un expediente.

Las sanciones tributarias no son ejecutables hasta que sean firmes en via administrativa, de modo que su impugnacion en plazo suspende su ejecucion sin necesidad de aportar garantia. La regla es distinta para la liquidacion de la que traen causa, donde la suspension suele requerir garantia. Conviene tratar cada pieza por separado.

La normativa contempla reducciones por conformidad y por pronto pago que reducen sensiblemente el importe. El problema es que aceptar esas reducciones implica renunciar a discutir. La decision debe tomarse comparando el ahorro cierto de la reduccion con las posibilidades reales de exito del recurso, y eso solo puede valorarse tras leer el expediente.

Si, y en la practica es una estrategia frecuente. Liquidacion y sancion son actos distintos con procedimientos distintos. Puede haber razones para aceptar la regularizacion (por ejemplo, porque efectivamente se cometio un error) y al mismo tiempo discutir la sancion, si la Administracion no ha acreditado que la conducta fuera culpable.

La obligacion de atender los requerimientos existe y su incumplimiento puede sancionarse, ademas de perjudicar la posicion del contribuyente. Lo que si cabe es delimitar el alcance de lo requerido, aportar la documentacion de forma ordenada y con la explicacion tecnica adecuada, y hacer constar en diligencia lo que convenga a su defensa.

La ley fija un plazo maximo de duracion del procedimiento inspector, ampliable en determinados supuestos previstos legalmente. Su superacion tiene efectos juridicos relevantes, especialmente sobre la prescripcion y los intereses de demora. Por eso llevamos un control estricto del computo y de las dilaciones que se imputan al obligado.

Firmar en conformidad supone aceptar la regularizacion propuesta y da acceso a una reduccion de las sanciones que puedan derivarse, pero limita mucho la posibilidad de discutir despues. En disconformidad se mantiene abierta la via de recurso, renunciando a esa reduccion. La eleccion depende de la solidez tecnica de la posicion y del importe en juego.

No. La regularizacion determina la deuda; la sancion exige un procedimiento distinto en el que la Administracion debe acreditar y motivar la culpabilidad. Hay regularizaciones que no dan lugar a sancion, y sanciones que se anulan por falta de motivacion aunque la liquidacion se confirme.

Lo primero es defenderse correctamente en el procedimiento abierto. Si este termina con sobreseimiento o sentencia absolutoria y existen indicios de que la denuncia se presento a sabiendas de su falsedad, puede valorarse la actuacion frente a quien la interpuso. Son dos fases distintas y conviene no confundirlas.

Los antecedentes penales pueden cancelarse una vez cumplida la pena y transcurridos los plazos que fija el Codigo Penal en funcion de su gravedad, sin haber vuelto a delinquir. La cancelacion se solicita y no siempre se produce de oficio, de modo que conviene comprobarlo si va a necesitar un certificado.

La condicion de investigado significa que se le atribuye la posible participacion en unos hechos, no que este condenado ni que exista prueba suficiente. Es, sobre todo, un estatuto de garantias: tiene derecho a ser informado de los hechos, a designar abogado, a no declarar contra si mismo y a no confesarse culpable. Lo que no conviene es acudir a declarar sin conocer el contenido de la causa.

Si. El investigado tiene derecho a no declarar, a no hacerlo contra si mismo y a no confesarse culpable, y ejercerlo no puede interpretarse como indicio de culpabilidad. Si conviene o no hacerlo depende del caso concreto y de lo que conste en el expediente: es precisamente una de las decisiones que se toman tras estudiarlo.

Es un acuerdo con la acusacion que permite dictar sentencia sin celebrar juicio, normalmente con una reduccion de la pena solicitada. Interesa cuando la prueba de cargo es solida y el acuerdo permite acceder a beneficios relevantes. No interesa cuando la defensa tiene recorrido real. Le explicaremos con franqueza en cual de los dos escenarios se encuentra.

No necesariamente. El Codigo Penal contempla la suspension de la ejecucion de las penas privativas de libertad cuando concurren determinados requisitos, entre ellos su duracion y los antecedentes del condenado. Es una parte del trabajo que se prepara desde el principio, no cuando la sentencia ya es firme.

La detencion preventiva no puede durar mas del tiempo estrictamente necesario para practicar las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y, en todo caso, tiene un limite maximo legal, transcurrido el cual el detenido debe ser puesto en libertad o a disposicion judicial. Existen regimenes especiales en determinados delitos.

Puede designar abogado de su confianza. Si no lo hace, se le designara uno del turno de oficio para garantizar la asistencia. Designar abogado propio permite ademas continuidad: el mismo letrado que asiste en comisaria conoce el asunto desde el primer minuto y sigue el procedimiento despues.

No. El detenido puede acogerse a su derecho a no declarar, y hacerlo no puede utilizarse en su contra. Si conviene o no declarar depende de cada caso, y es precisamente lo que se valora en la entrevista reservada con el abogado antes de la declaracion.

Un procedimiento urgente para que un juez controle la legalidad de una detencion y decida de inmediato sobre la situacion del detenido. Se utiliza cuando la detencion se considera ilegal, se prolonga mas alla de lo permitido o no se han respetado los derechos que asisten al detenido.

El Codigo Penal fija umbrales concretos de alcohol en aire espirado y en sangre por encima de los cuales la conduccion constituye delito. Por debajo de esos umbrales la conducta puede seguir siendo infraccion administrativa sancionable. Le confirmamos el encaje exacto de su caso al revisar el acta de las pruebas.

En estos delitos la privacion del derecho a conducir vehiculos a motor acompana habitualmente a la pena principal, con una duracion que fija la sentencia dentro de los margenes legales. Precisamente por eso la negociacion sobre esa duracion, y la acreditacion de que el permiso es necesario para su actividad profesional, forman parte central de la defensa.

No conviene. La negativa a someterse a las pruebas legalmente establecidas constituye un delito autonomo, con sus propias penas, que puede resultar mas gravoso que el propio resultado positivo. Si discrepa del resultado, la via correcta es solicitar el contraste mediante analisis, no negarse.

Un procedimiento abreviado en el tiempo para determinados delitos, entre ellos los de seguridad vial, que puede celebrarse muy pocos dias despues de los hechos. Su rapidez es tambien su riesgo: deja poco margen para preparar la defensa, de modo que conviene contactar con un abogado en cuanto se recibe la citacion.

Las obras necesarias para garantizar la accesibilidad tienen un regimen especifico en la Ley de Propiedad Horizontal, con mayorias facilitadas y, en determinados supuestos vinculados a la situacion de personas con discapacidad o mayores de una determinada edad, caracter obligatorio dentro de los limites economicos que la norma establece. Conviene analizar el caso concreto.

La Ley de Propiedad Horizontal contempla la posibilidad de que la comunidad adopte acuerdos que limiten o condicionen la actividad de alquiler turistico, con mayorias cualificadas y efectos que dependen de su inscripcion y de su alcance temporal. La materia ha sido objeto de reformas recientes, por lo que conviene revisar la regulacion vigente antes de convocar la junta.

Depende del motivo. Los acuerdos contrarios a la ley o a los estatutos cuentan con un plazo mas amplio; el resto de los motivos caducan en un plazo notablemente mas corto. Ademas, para el propietario que no asistio a la junta el computo empieza con la notificacion del acta. Es lo primero que comprobamos, porque un dia de retraso cierra la via.

Con caracter general, si: la ley exige estar al corriente en el pago de las deudas vencidas con la comunidad o haberlas consignado judicialmente antes de impugnar. Existen excepciones, como la impugnacion de acuerdos relativos al establecimiento o alteracion de las cuotas. Conviene revisarlo antes de presentar nada.

No de forma automatica: la regla general es que la impugnacion no suspende la ejecucion del acuerdo. Puede solicitarse al juzgado su suspension como medida cautelar, y se concede cuando esta justificada por el perjuicio que la ejecucion causaria. Es una peticion que conviene plantear desde el primer escrito.

Mucho. Para determinados acuerdos, la legitimacion para impugnar corresponde a quien voto en contra, salvo a los ausentes que despues manifiesten su oposicion en la forma y plazo previstos. Que conste en acta su voto contrario, y el motivo, es la mejor preparacion posible de una eventual impugnacion.

La peticion inicial del monitorio puede presentarse sin abogado ni procurador. Ahora bien, si el deudor se opone o el asunto pasa a ejecucion, su intervencion suele ser necesaria. Ademas, para que la comunidad pueda reclamar las costas de abogado y procurador, conviene que esten designados desde el inicio.

Las cuotas de comunidad se rigen por el plazo general de prescripcion de las acciones personales, de modo que existe un limite temporal para reclamar las mas antiguas. Cada requerimiento fehaciente interrumpe ese plazo. Por eso conviene reclamar de forma periodica y no dejar que la deuda envejezca.

El adquirente responde con el propio inmueble de las cuotas impagadas correspondientes al ano en curso y a un numero determinado de anos anteriores. De ahi la importancia de exigir al vendedor el certificado de estar al corriente antes de firmar la escritura.

Si. La vivienda responde de las cuotas impagadas y puede ser embargada en la ejecucion. Antes de llegar ahi suelen agotarse otras vias, como el embargo de cuentas o de nomina, pero la afeccion del inmueble es precisamente lo que hace eficaz este procedimiento.

Lo primero es documentar la situacion registral y catastral de ambas fincas, porque a menudo los linderos nunca se fijaron con precision. Segun el caso procede una accion de deslinde y amojonamiento, una accion de proteccion de la posesion o una reivindicatoria. Un levantamiento topografico suele ser determinante.

No exactamente. Lo que la ley reconoce es que cualquier copropietario puede pedir en cualquier momento la division de la cosa comun. Si el bien no admite division material, como ocurre con casi todas las viviendas, se resuelve adjudicandolo a uno con compensacion a los demas o vendiendolo y repartiendo el precio.

Juridicamente si, y ademas suele existir un derecho de adquisicion preferente a favor de los demas copropietarios. En la practica, sin embargo, encontrar comprador para una cuota indivisa es muy dificil y el precio que se obtiene es sensiblemente inferior. Por eso casi siempre se plantea antes la extincion del condominio.

El tratamiento fiscal suele ser mas favorable que el de una compraventa cuando la operacion se articula correctamente como disolucion de la comunidad y no como transmision de cuotas. Depende de como se documente, de si hay excesos de adjudicacion y de la normativa autonomica aplicable, asi que conviene analizarlo antes de firmar, no despues.

La extincion del condominio no libera automaticamente al copropietario que sale frente al banco: para eso hace falta el consentimiento de la entidad, por la via de la novacion o de la subrogacion. Es un punto que debe cerrarse con el banco antes de la escritura para evitar quedar obligado por una deuda de un inmueble que ya no es suyo.

Es el documento informativo del Registro de la Propiedad que refleja quien es el titular del inmueble y que cargas pesan sobre el: hipotecas, embargos, servidumbres o condiciones. Es la primera comprobacion de cualquier compraventa, y debe solicitarse actualizada, porque una nota antigua no refleja anotaciones posteriores.

El notario controla la legalidad del acto y advierte a las partes, pero no negocia el contrato por usted ni comprueba la situacion de la comunidad, el estado urbanistico o la conveniencia economica de lo pactado. Ademas, la mayor parte de las decisiones importantes ya se tomaron en las arras, semanas antes de llegar a la notaria.

Ademas del precio, hay que contar con el impuesto que grava la operacion (transmisiones patrimoniales en segunda mano, IVA y actos juridicos documentados en obra nueva), notaria, registro, gestoria y, en su caso, los gastos de la hipoteca. Le preparamos una estimacion del coste total antes de que se comprometa, para que no aparezcan sorpresas al final.

Con una nota simple registral actualizada, que muestra titularidad, hipotecas, embargos, servidumbres y condiciones. Conviene solicitarla en un momento proximo a la firma, porque una nota de hace meses no refleja anotaciones posteriores. A eso anadimos la consulta de la situacion urbanistica y del estado de la comunidad.

Es mas frecuente de lo que parece, sobre todo en ampliaciones, cerramientos y aticos. Segun el tipo de obra y el tiempo transcurrido, puede haber riesgo de expediente de disciplina urbanistica o dificultades para inscribir y financiar. Lo comprobamos antes de la compra y valoramos si conviene exigir su legalizacion o ajustar el precio.

No. En materia urbanistica no pueden adquirirse por silencio administrativo facultades contrarias a la ordenacion territorial y urbanistica. Frente a la inactividad municipal lo que procede es reaccionar juridicamente para que se resuelva, no interpretar el silencio como una autorizacion.

Los plazos administrativos son cortos y se cuentan desde la notificacion. El recurso de reposicion y el recurso contencioso-administrativo tienen plazos distintos, y elegir mal la via puede dejar el asunto sin salida. Es lo primero que comprobamos cuando nos llega una resolucion.

Normalmente se abren dos procedimientos distintos: uno de restauracion de la legalidad, dirigido a legalizar o a reponer la realidad fisica alterada, y otro sancionador, que impone una multa. Segun el tipo de suelo y el tiempo transcurrido, las consecuencias varian sustancialmente, y en determinados supuestos la accion administrativa no prescribe.

Depende de si lo ejecutado se ajusta o no a la ordenacion vigente. Si es compatible con el planeamiento, suele ser posible legalizarlo, con la sancion que en su caso corresponda. Si es incompatible, la Administracion puede ordenar su demolicion. Lo primero es un informe tecnico que determine en cual de los dos escenarios se encuentra.

La normativa concursal contempla instrumentos preventivos (planes de reestructuracion y comunicacion de apertura de negociaciones) y el propio concurso de acreedores, con procedimientos especificos para microempresas. Actuar pronto amplia mucho las alternativas: el administrador tiene ademas deberes legales cuyo incumplimiento puede generar responsabilidad personal.

La normativa vigente permite constituir sociedades limitadas con un capital social minimo muy reducido, sujeto a reglas especificas mientras no se alcance la cifra tradicional, entre ellas la obligacion de destinar parte del resultado a reserva legal y determinadas responsabilidades de los socios. Le explicamos si conviene acogerse a esa opcion o partir de un capital mayor.

El tramite en si es rapido cuando la documentacion esta preparada: denominacion, escritura e inscripcion. Lo que suele consumir tiempo es lo previo, es decir, acordar entre los socios como quieren organizarse. Nuestra recomendacion es no acelerar esa parte, porque es la que evita conflictos posteriores.

Son documentos complementarios. Los estatutos se inscriben y son publicos, y hay materias que no pueden regularse en ellos con el detalle deseable. El pacto de socios permite regular la relacion entre las partes con mas libertad y reserva: valoracion de participaciones, arrastre y acompanamiento en la venta, no competencia o resolucion de bloqueos.

La regla general es que la sociedad responde con su propio patrimonio, pero el administrador puede responder personalmente en determinados supuestos: por danos causados por actos contrarios a la ley o a los estatutos, o por deudas sociales cuando incumple obligaciones legales especificas, como las relacionadas con la disolucion en situacion de perdidas. Es una de las cuestiones que conviene conocer antes de aceptar el cargo.

En operaciones comerciales entre empresas, la normativa de morosidad reconoce al acreedor el derecho a un interes de demora especifico desde el vencimiento, sin necesidad de aviso previo ni de pacto expreso, junto con una compensacion por los costes de cobro. Es una reclamacion perfectamente ordinaria que, sin embargo, casi nunca se plantea.

La normativa establece un plazo maximo legal de pago en operaciones comerciales, ampliable por acuerdo dentro de un limite. Los pactos que superen ese limite pueden considerarse abusivos y no ser exigibles. Revisamos sus condiciones generales para que sus plazos y sus clausulas de intereses sean validos y utiles.

En determinados supuestos, si. La ley preve la responsabilidad del administrador por danos y, en particular, por las deudas sociales cuando incumple obligaciones legales especificas, como promover la disolucion ante causa legal. Es una via exigente en cuanto a prueba, pero muy relevante cuando la sociedad deudora esta vacia.

Depende del volumen. Una deuda aislada de importe reducido puede no compensar individualmente, pero un conjunto de impagos gestionado de forma sistematica si lo hace, sobre todo si se reclaman intereses y costes de cobro. Le ayudamos a fijar un protocolo por tramos: cuando basta un requerimiento y cuando conviene ir al juzgado.

La Administracion esta obligada a resolver dentro del plazo previsto para cada procedimiento. Transcurrido ese plazo cabe entender desestimada la solicitud a efectos de poder recurrir, sin que ello exima a la Administracion de su deber de resolver. Existen ademas actuaciones para instar la resolucion expresa. Le indicamos cual conviene en su caso.

El plazo general es de diez anos de residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la solicitud, pero se reduce sustancialmente en varios supuestos: refugiados, nacionales de paises con vinculos historicos con Espana, y quienes estan casados con espanol, son viudos de espanol o descendientes de espanol, entre otros. Determinar cual le aplica es la primera comprobacion del expediente.

Con caracter general, la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de Espana y una prueba de idioma espanol del nivel exigido. Existen exenciones legalmente previstas, entre ellas para nacionales de paises de habla hispana respecto de la prueba de idioma, y para determinados colectivos por razon de edad o de capacidad.

Pueden hacerlo. La residencia debe ser continuada, y las ausencias prolongadas o reiteradas pueden interpretarse como una ruptura de esa continuidad. No existe una regla aritmetica unica, y por eso conviene revisar el historial completo de entradas y salidas antes de presentar la solicitud.

La resolucion denegatoria puede recurrirse, primero en via administrativa y despues ante los tribunales, con plazos cortos que se cuentan desde la notificacion. Lo importante es analizar el motivo concreto de la denegacion: si es subsanable, a veces conviene mas una nueva solicitud bien preparada que un recurso.

Con caracter general, la ley exige renunciar a la nacionalidad anterior en el momento de la jura, con excepciones expresamente previstas para nacionales de determinados paises. Ahora bien, los efectos de esa renuncia en el pais de origen dependen de su propia legislacion, algo que conviene consultar tambien alli.

El reagrupante debe acreditar un periodo previo de residencia legal y haber obtenido la renovacion de su autorizacion, o estar en condiciones de obtenerla. No basta con haber llegado recientemente. Le confirmamos su situacion concreta revisando sus tarjetas y su historial.

La cuantia exigida se calcula en funcion del numero de miembros de la unidad familiar resultante y de indicadores oficiales de referencia, y se valora ademas la estabilidad de los ingresos y su previsible continuidad. Hacemos ese calculo antes de presentar nada, porque es el motivo de denegacion mas frecuente.

La reagrupacion de ascendientes esta sujeta a requisitos mas estrictos que la del conyuge o la de los hijos, entre ellos condiciones relativas a la situacion del reagrupante y a que el ascendiente este efectivamente a cargo. Conviene comprobar su viabilidad antes de iniciar cualquier tramite.

Un informe emitido por la administracion competente que acredita que el domicilio reune las condiciones necesarias para alojar a la familia que se pretende reagrupar. Se valoran superficie, habitaciones, ocupacion y condiciones de habitabilidad. Es un tramite previo que conviene iniciar cuanto antes porque tiene sus propios plazos.

Los plazos son cortos y se cuentan desde la notificacion de la resolucion, con duraciones distintas segun se trate de un recurso administrativo o del recurso contencioso-administrativo. Perder el plazo convierte la resolucion en firme, asi que lo primero que hacemos es fijar la fecha limite exacta.

Depende del motivo. Si la denegacion se basa en un defecto subsanable, como falta de documentacion o insuficiencia de medios que ya se ha corregido, una nueva solicitud bien preparada suele ser mas rapida y con mas posibilidades. Si la denegacion aplica mal la norma o valora incorrectamente su situacion, procede recurrir.

Depende del tipo de resolucion y de su situacion previa. La interposicion de un recurso no siempre suspende los efectos de la resolucion, y por eso, cuando existe riesgo de perjuicio irreparable, se solicitan medidas cautelares junto con el recurso. Es una cuestion que valoramos desde el primer momento.

Actuar de inmediato: en estos expedientes los plazos de alegaciones son especialmente breves y lo que se aporte en esa fase es determinante. Conviene acreditar el arraigo, los vinculos familiares, el tiempo de permanencia y cualquier circunstancia personal relevante, ademas de revisar la regularidad del propio procedimiento.

Un sistema extrajudicial, gratuito para el consumidor, en el que un organo arbitral resuelve el conflicto mediante un laudo vinculante. Requiere que la empresa este adherida o que acepte someterse. Es rapido y evita el juzgado, aunque no siempre es la mejor via cuando la reclamacion es de importe elevado o exige prueba pericial compleja.

La garantia legal de conformidad de los bienes tiene actualmente una duracion notablemente ampliada respecto de la regulacion anterior, y es distinta de las garantias comerciales que ofrezcan voluntariamente el vendedor o el fabricante. Ademas, existe un plazo para reclamar una vez que la falta de conformidad se manifiesta. Le confirmamos los plazos aplicables segun la fecha de su compra.

Durante un periodo inicial desde la entrega se presume que la falta de conformidad ya existia en ese momento, de modo que corresponde al vendedor probar lo contrario. Pasado ese periodo, la carga de la prueba se invierte y suele hacer falta un informe tecnico. Por eso conviene reclamar cuanto antes.

La reclamacion por falta de conformidad se dirige, con caracter general, frente al vendedor, que es con quien usted contrato. Otra cosa distinta es que el vendedor pueda despues repetir frente al fabricante, o que exista una garantia comercial del fabricante a la que tambien pueda acudir. Remitirle al fabricante no libera al vendedor de sus obligaciones.

En las compras a distancia y fuera de establecimiento existe un derecho de desistimiento que permite devolver el producto sin necesidad de justificacion dentro de un plazo legalmente establecido desde la recepcion, con algunas excepciones tasadas, como los bienes personalizados o determinados productos precintados. Si el vendedor no informo correctamente de este derecho, el plazo se amplia.

Puede reclamarse la responsabilidad patrimonial de la Administracion titular de la via, pero es imprescindible acreditar el lugar exacto, el estado del pavimento y la relacion entre ese estado y la caida. Las fotografias del mismo dia, el parte de urgencias y los testigos son la prueba que decide estos asuntos. El plazo, ademas, es breve.

Los plazos son cortos y varian segun la via: la responsabilidad extracontractual y la responsabilidad patrimonial de la Administracion tienen plazos breves que, en caso de lesiones, suelen empezar a contar desde la estabilizacion de las secuelas y no desde el hecho danoso. Determinar bien ese dia inicial es la primera cuestion tecnica del asunto.

No hay una cifra estandar. El sistema legal de valoracion calcula la indemnizacion a partir de los dias de curacion y su intensidad, de las secuelas que queden tras la estabilizacion y de los perjuicios patrimoniales acreditados, ponderando ademas la edad y la situacion personal. Podemos darle una horquilla realista una vez vista la documentacion medica.

No sin analizarla. La aseguradora debe formular una oferta motivada, pero se basa en su propia valoracion medica y con frecuencia se emite antes de que las lesiones esten estabilizadas. Aceptarla suele suponer cerrar el asunto definitivamente, incluso si despues aparecen secuelas. Conviene revisar el calculo antes de firmar nada.

El plazo para reclamar por los danos derivados de un accidente es breve y, con caracter general, empieza a contar desde que se estabilizan las lesiones y se conoce su alcance, no desde el dia del accidente. Existen actuaciones que interrumpen ese plazo, como la reclamacion formal a la aseguradora. Es lo primero que comprobamos.

La concurrencia de culpas no elimina la indemnizacion: reduce su importe en la proporcion que se determine. Merece la pena analizar el atestado, porque la distribucion de responsabilidad que propone la aseguradora no siempre coincide con lo que resulta de la prueba.

No necesariamente. Una parte importante de estos asuntos se cierra por acuerdo cuando la reclamacion esta bien documentada y correctamente valorada. El juicio se reserva para los casos en que la aseguradora mantiene una valoracion que no se corresponde con el dano acreditado.

Cuando la asistencia prestada se aparta de lo que era exigible segun el estado de la ciencia y las circunstancias del caso, y ese apartamiento causa un dano. No basta con que el resultado haya sido adverso: la medicina es, con caracter general, una obligacion de medios. Determinar si hubo o no ese apartamiento es precisamente lo que resuelve el informe pericial.

Los plazos son cortos y varian segun la via. En el ambito de la responsabilidad patrimonial de la Administracion el plazo se cuenta, con caracter general, desde la curacion o desde la determinacion del alcance de las secuelas, no desde la fecha de la intervencion. En el ambito privado el plazo depende de si la reclamacion se articula por via contractual o extracontractual.

Si. Sin informe pericial no es posible acreditar el apartamiento de la lex artis ni la relacion causal, y ningun tribunal resuelve estos asuntos sin prueba tecnica. Por eso el peritaje es el primer paso: si el informe no sostiene la reclamacion, se lo diremos y no le propondremos iniciar un procedimiento.

Si. El paciente tiene derecho de acceso a su historia clinica y a obtener copia de los datos que figuran en ella, con los limites legalmente previstos. Los familiares pueden acceder en los supuestos contemplados por la normativa cuando el paciente ha fallecido. Nos encargamos de solicitarla si lo prefiere.

No. El ejercicio de una reclamacion es un derecho y no puede condicionar la asistencia sanitaria que le corresponde. Es una preocupacion frecuente y comprensible, pero no debe ser un motivo para renunciar a reclamar cuando hay fundamento.

En el transporte los plazos de reserva y de reclamacion son muy breves y se cuentan desde la entrega, con reglas distintas segun se trate de averia aparente, averia no aparente o retraso, y segun el transporte sea nacional o internacional. Perder esos plazos puede impedir toda reclamacion posterior, por fundada que sea.

Los plazos administrativos son cortos y se cuentan desde la notificacion, y difieren segun se trate de alegaciones dentro del expediente o de recurso frente a la resolucion ya dictada. Ademas, transporte y trafico son procedimientos distintos con sus propias reglas. Es lo primero que fijamos cuando nos llega la notificacion.

Depende. En determinados procedimientos el pago anticipado supone una reduccion del importe, pero tambien la terminacion del procedimiento y la renuncia a formular alegaciones o recursos. Cuando la infraccion puede repercutir en la honorabilidad de la empresa o en su autorizacion, esa renuncia puede resultar mucho mas cara que la propia multa.

Depende del tipo de infraccion. La normativa de transporte atribuye la responsabilidad en unos casos a la empresa transportista, en otros al conductor y en otros al cargador o expedidor. Determinar correctamente el sujeto responsable es a menudo el argumento central de las alegaciones.

La comision de determinadas infracciones, especialmente si es reiterada, puede afectar al requisito de honorabilidad exigido para el ejercicio de la actividad y, en consecuencia, a la autorizacion. Por eso recomendamos no tratar cada multa de forma aislada, sino llevar un control conjunto del historial sancionador de la empresa.

La mayoria de edad no extingue automaticamente la obligacion. Se mantiene mientras el hijo conviva en el domicilio familiar, carezca de independencia economica y continue formandose con un aprovechamiento razonable. Su extincion debe solicitarse y acreditarse.

No exactamente. Las medidas relativas a los hijos son las mismas con independencia de que exista matrimonio. Lo que cambia es el regimen economico entre los miembros de la pareja: no existe sociedad de gananciales ni, con caracter general, pension compensatoria, aunque pueden existir derechos derivados de pactos, de la normativa autonomica aplicable o del enriquecimiento injusto.

Bastante menos que uno contencioso, pero el plazo depende sobre todo de la agenda del juzgado o de la notaria. Lo que si controlamos es el tiempo de preparacion: si la documentacion esta completa y el convenio cerrado, el expediente entra sin devoluciones ni requerimientos, que es donde se pierden las semanas.

Si, en el divorcio de mutuo acuerdo ambos conyuges pueden estar asistidos por un mismo abogado y procurador. Eso exige que exista un acuerdo real: si en algun momento aparece un conflicto de intereses, cada parte debera contar con su propia direccion letrada.

Si, siempre que no haya hijos menores de edad ni hijos con la capacidad modificada judicialmente que dependan de sus progenitores. En ese caso el convenio se eleva a escritura publica ante notario. Cuando hay menores, la aprobacion judicial es obligatoria.

Con caracter general debe haber transcurrido un plazo minimo desde la celebracion del matrimonio para solicitar el divorcio, con excepciones cuando existe riesgo para la vida, la integridad o la libertad de alguno de los conyuges o de los hijos. Se lo confirmamos en la primera consulta segun su situacion.

El convenio puede decidir quien usa la vivienda y quien paga las cuotas, pero no cambia por si solo la relacion con el banco: ante la entidad ambos siguen obligados si los dos firmaron. Para desvincular a uno hace falta la aceptacion del banco, por la via de la novacion o de la subrogacion. Conviene planificarlo antes de firmar el convenio, no despues.

Si. El divorcio no requiere el consentimiento del otro conyuge ni alegar una causa. Basta con que haya transcurrido el plazo minimo desde el matrimonio, salvo los supuestos en que ni siquiera ese plazo se exige. Lo que se discutira en el procedimiento son las medidas, no el divorcio.

No existe una formula legal cerrada. El juzgado pondera las necesidades reales de los hijos y la capacidad economica de cada progenitor, junto con el tiempo de convivencia con cada uno. Existen tablas orientativas que ayudan a situar el rango, pero la resolucion final depende de lo que cada parte acredite.

Los tribunales la consideran un regimen deseable cuando resulta compatible con el interes del menor, pero no se concede de forma automatica. Se valoran la implicacion previa de cada progenitor, la proximidad de los domicilios, los horarios laborales, la aptitud para el cuidado y la relacion entre los progenitores.

El uso de la vivienda no se atribuye a quien tiene mas derechos sobre ella, sino atendiendo al interes mas necesitado de proteccion, que suele ser el de los hijos menores. Es una atribucion de uso: la propiedad se resuelve despues, al liquidar el regimen economico.

La sentencia es un titulo ejecutivo. Ante el impago de la pension puede instarse la ejecucion con embargo de nomina, cuentas o devoluciones tributarias; ante el incumplimiento del regimen de visitas existen medidas especificas y, en casos graves y reiterados, consecuencias penales. Conviene documentar cada incumplimiento desde el primero.

Instar la ejecucion de la sentencia. El juzgado puede embargar nomina, cuentas bancarias, devoluciones de Hacienda y otros bienes, y reclamar tambien los intereses. Si el impago es reiterado y voluntario, puede constituir ademas un delito de abandono de familia. Lo importante es no dejar acumular mensualidades sin reaccionar.

No. La pension de alimentos y el regimen de visitas son obligaciones independientes: el incumplimiento de una no autoriza a incumplir la otra. Si le impiden el contacto con su hijo, la via es la ejecucion del regimen de visitas, no dejar de pagar, que solo empeorara su posicion.

No termina automaticamente con la mayoria de edad. Se mantiene mientras el hijo no sea economicamente independiente y siga formandose con aprovechamiento razonable, conviviendo en el domicilio familiar. Su extincion debe solicitarse y acreditarse, no se produce sola.

Los no previsibles y no periodicos: tratamientos medicos no cubiertos, ortodoncia, gafas, o determinadas actividades formativas, segun como este redactada la sentencia. Los ordinarios (alimentacion, ropa, material escolar habitual, actividades regulares) estan cubiertos por la pension mensual. Cuanto mas concreta sea la resolucion en este punto, menos conflicto genera.

Puede solicitarlo, acreditando que el cambio es real, relevante y no coyuntural, y que no lo ha provocado usted voluntariamente. Es importante presentar la demanda cuanto antes: la modificacion produce efectos desde la solicitud judicial, de modo que esperar solo acumula deuda que despues habra que pagar igualmente.

Solo por las causas tasadas que establece la ley, que deben expresarse en el testamento y que, si se impugnan, ha de probar quien mantiene la desheredacion. Fuera de esos supuestos, los herederos forzosos tienen derecho a la legitima. Existen, no obstante, formas legitimas de organizar la herencia dentro del margen que la ley permite.

En la aceptacion pura y simple, el heredero responde de las deudas incluso con su propio patrimonio. Por eso existe la aceptacion a beneficio de inventario, que limita la responsabilidad al valor de lo heredado, y la renuncia. La eleccion debe hacerse con la informacion completa y cumpliendo las formalidades exigidas.

Ningun heredero puede bloquear indefinidamente la herencia. Si no hay acuerdo, cualquiera de ellos puede promover la division judicial, que culmina con la formacion de lotes por un contador-partidor y, si los bienes son indivisibles, con su venta y el reparto del precio. Saber que esa via existe suele desbloquear muchas negociaciones antes de llegar a ella.

Para la particion en si no existe un plazo de caducidad, pero si lo hay para el Impuesto de Sucesiones, que se cuenta desde el fallecimiento y admite solicitar prorroga dentro de un plazo determinado. Presentar fuera de plazo genera recargos e intereses, asi que la fiscalidad suele marcar el ritmo aunque el reparto vaya despacio.

Si. Cabe renunciar pura y simplemente, o aceptar a beneficio de inventario, que limita la responsabilidad por las deudas al valor de lo heredado. La eleccion debe hacerse con la informacion completa y con las formalidades exigidas, porque la aceptacion tacita (por ejemplo, disponiendo de bienes) puede cerrar la puerta a la renuncia.

El documento que recoge el inventario, el avaluo de los bienes, la liquidacion del caudal y la adjudicacion concreta a cada heredero. Es la pieza tecnica de la herencia: cuando esta bien hecho, la escritura notarial y la inscripcion registral posteriores no dan problemas.

Mientras la herencia no se reparta, todos los herederos son cotitulares del inmueble, de modo que el uso exclusivo por uno solo sin acuerdo de los demas puede dar lugar a una compensacion economica a favor del resto. Es una de las cuestiones que conviene abordar expresamente en la negociacion del reparto.

La ley fija un orden: en primer lugar los descendientes; a falta de ellos, los ascendientes; despues el conyuge; y a continuacion los parientes colaterales hasta el grado que la norma establece. El conyuge viudo tiene ademas derechos propios que varian segun con quien concurra. En territorios con derecho civil propio las reglas pueden ser distintas, por lo que la vecindad civil del fallecido es determinante.

La declaracion de herederos abintestato se tramita mediante acta notarial. Es un expediente relativamente agil, siempre que la documentacion de parentesco este completa; cuando falta algun certificado o el arbol familiar es complejo, la fase de preparacion es la que mas tiempo consume.

El acta se cierra una vez transcurrido el plazo legal de tramitacion, al que hay que sumar el tiempo de obtencion de certificados. Lo que suele alargar el expediente no es el notario, sino la obtencion de documentacion antigua o extranjera, de modo que conviene solicitarla cuanto antes.

Con caracter general las cuentas quedan bloqueadas hasta acreditar la condicion de heredero y la situacion fiscal de la herencia. Algunas entidades admiten atender determinados gastos, como los del sepelio, con la documentacion adecuada. Es una de las razones para iniciar el expediente sin demora.

El testamento prevalece sobre la declaracion de herederos, que quedaria sin efecto en lo que resulte contradictorio. Por eso el certificado de ultimas voluntades es el primer documento que se solicita: es la comprobacion oficial de que no existe testamento inscrito.

El plazo se cuenta desde la fecha del fallecimiento y es comun para todos los herederos. Existe la posibilidad de solicitar una prorroga, pero debe pedirse dentro de un plazo determinado desde el fallecimiento: si se deja pasar, ya no puede obtenerse. Le confirmamos las fechas exactas aplicables a su caso en la primera revision.

Se aplican recargos que aumentan con el retraso y, si media requerimiento de la Administracion, pueden anadirse sanciones. Ademas, en algunas comunidades autonomas la presentacion extemporanea puede afectar a la aplicacion de determinados beneficios fiscales. Presentar tarde siempre es mejor que no presentar, pero conviene evitarlo.

Es una situacion frecuente cuando la herencia se compone sobre todo de inmuebles. Existen mecanismos de aplazamiento y fraccionamiento del pago, con requisitos y garantias segun el caso. Conviene solicitarlos en plazo y no esperar a que la deuda entre en via ejecutiva.

No. El impuesto esta cedido a las comunidades autonomas, que han aprobado reducciones y bonificaciones muy distintas entre si. La normativa aplicable depende principalmente de la residencia habitual del fallecido durante los anos anteriores. Es la razon por la que dos herencias parecidas pueden tener resultados fiscales muy diferentes.

Si hay inmuebles urbanos, tambien la plusvalia municipal ante el ayuntamiento correspondiente, con su propio plazo. Y despues, los gastos de notaria y registro de la escritura de herencia. Conviene tener el cuadro completo antes de decidir como se reparte, porque afecta al coste real de cada adjudicacion.